La depreciación millonaria del capital vial y los sistemas de saneamiento compromete la productividad junto con la salud pública. Voces autorizadas del sector exponen el diagnóstico crudo de la red de servicios argentina y urgen a quienes tienen las herramientas, los conocimientos y el poder de decisión para fijar un plan de desarrollo que garantice tanto la seguridad jurídica como la sostenibilidad a largo plazo.   

“La infraestructura de un país es el conjunto de activos construidos para prestar servicios a la comunidad”, afirma Fernando Lago, Director del Área de Pensamiento Estratégico de la Cámara Argentina de la Construcción (CAMARCO). Este capital es el motor fundamental de la productividad, la salud y la equidad social. Sin embargo, en Argentina, una parte sustancial de este activo invaluable no solo está postergada, sino que se encuentra en franco deterioro. 

Esta es la conclusión central que surge de un análisis profundo realizado por expertos, quienes ponen la lupa sobre dos ejes esenciales y a menudo invisibles: los sistemas de agua y saneamiento junto con la red vial. El desafío va más allá de la construcción de obra nueva: se trata de una compleja ecuación de mantenimiento preventivo, seguridad jurídica y el compromiso ineludible de la clase política para establecer un plan que considere a la infraestructura como una verdadera política de Estado. 

Los referentes del sector, exponen que el problema tiene dimensiones críticas. Jorge Núñez, especialista en agua y saneamiento y exconsultor del BID, revela la obsolescencia de una infraestructura hídrica crítica, cuyo estado general oscila entre “regular a mal”. Núñez, quien subraya la importancia de estos servicios para combatir la “pobreza multidimensional”, confronta al país con el enorme costo de la desidia. La cifra más contundente indica que el valor de reposición de toda la infraestructura nacional asciende a 156.707 millones de dólares. No obstante, el valor actual de esa misma infraestructura, considerando su desgaste, es de solo 60.400 millones de dólares. 

Esto implica que el 61 % del capital original se encuentra depreciado y que la inversión necesaria para mantener la red en óptimas condiciones se estima en unos 3.000 millones de dólares por año, un monto que hoy no se ejecuta. El experto señala que el problema se agrava porque el país carece de un organismo que unifique a los prestadores, a diferencia de otros sectores, como el energético. Esta dispersión en la normativa y la gestión dificulta la aplicación de políticas coherentes. 

Núñez es categórico:“el 65 % de la población servida en el país se abastece con sistemas que ya superaron su vida útil”.

La red está funcionando con tiempo de descuento y la consecuencia de esta postergación no es solo económica, sino crítica para la vida. El experto recordó cómo la falta de agua potable adecuada en barrios populares dificultó la lucha contra la pandemia: “Lo vivimos en carne propia, durante la pandemia de COVID: si vos no tenías agua potable para lavarte las manos, estabas en un problema”. Esta precariedad se siente incluso en la dicotomía de los prestadores, obligados a elegir entre expansión versus mantenimiento. Políticamente, “vende más expandir”, pero los expertos saben que “una vez que construís esa infraestructura, la tenés que mantener, porque si no, digamos, como que vas perdiendo el valor del capital que construiste”. 

El desafío de la renovación va más allá del esfuerzo fiscal propio de los prestadores. El especialista en saneamiento enfatizó que, para salir del círculo vicioso de “voy, rompo, voy y arreglo lo que se está rompiendo”, se debe establecer un plan de trabajo plurianual. La clave es armar carpetas de proyectos concretos y viables, como señala Núñez. Tanto el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) como el Banco Mundial y la CAF están dispuestos a brindar financiamiento si se presentan los planes claros y a largo plazo. Esto requiere que los prestadores, que conocen el estado de la infraestructura de alto impacto más desgastada, unifiquen su visión para presentarse como un frente técnico sólido y creíble. 

El servicio se rige por tres ejes irrenunciables —calidad, cantidad y continuidad— y la única vía para garantizarlos es que las normativas aplicables fuercen a los prestadores a destinar un porcentaje de sus ingresos a la infraestructura existente. En cuanto a la cobertura, el país tiene una deuda histórica: si bien el 89 % de los habitantes tiene agua potable, solo el 59 % tiene cloacas. La solución pasa por reglas de juego claras que brinden seguridad jurídica: “Si a un privado le das la planta y le decís ‘te la dejo operar por 30 años y yo te voy a pagar por tantos metros cúbicos que potabilices con las normas de calidad’, eso te permite avanzar”, aseveró, con la condición ineludible de que “el Estado tiene que controlar, porque después, en definitiva, es el responsable del agua que te da y de los efluentes que va a tirar en algún curso de agua”. En este sentido, destacó el valor de las cooperativas, una forma de cooperación público-privada que subsume otros servicios (funerario, gas, electricidad) para sostener el servicio hídrico en poblaciones más pequeñas. 

La misma lógica de depreciación por la inversión intermitente se aplica a la red caminera, la espina dorsal que transporta más del 90 % de los bienes y servicios del país. Bernardino Capra, ingeniero en vías de comunicación, revela que el dinero invertido en el capital vial “excede más de diez veces, holgadamente, solamente el valor de YPF”. El ingeniero subraya la máxima de la infraestructura en todo el mundo:

“Está demostrado que por cada peso no invertido oportunamente, luego repercute entre cinco y seis veces más que si se hubiera intervenido a tiempo”.

El sobrecosto del transporte por el mal estado de las rutas se traduce en un impuesto invisible a la productividad, un costo que no se registra en las cuentas públicas, pero que el sector productivo paga diariamente. 

El foco del problema no está solo en las grandes rutas, sino en la red capilar: los 160.000 kilómetros de caminos rurales no pavimentados de mayor jerarquía. Capra enfatiza que estos son los caminos que impactan en la matriz productiva porque “el camino, en general, no es por donde sale la mercadería, sino por donde entra el progreso”. Cuando estos caminos colapsan por las lluvias o la falta de mantenimiento, la manufactura agropecuaria sufre una pérdida de entre el 20 % y el 30 % del costo de oportunidad. Capra identifica un vicio oculto de reparación, donde los camiones, al no poder esperar, salen igual, a un “costo de romper absolutamente el camino”, creando un ciclo infinito de deterioro. La solución a este problema, que desborda a los municipios, no pasa por la costosa pavimentación, sino por estabilizar esa red postergada a un costo diez veces menor. Este tipo de inversión, que se amortiza con menos de 50 vehículos diarios, garantiza que “vos puedas usar el camino los 365 días del año”. 

Los análisis de Núñez y Capra convergen en la misma demanda para destrabar el estancamiento de la obra pública: la necesidad de un marco institucional sólido y profesional que le devuelva la jerarquía a la planificación. Ambos expertos coinciden en que el sector privado es la pata operativa, ya que “las obras las hace la actividad privada”. Por lo tanto, esta simbiosis es irrenunciable. Bernardino Capra, sin embargo, propone un cambio de enfoque en la gestión de conflictos y contratos: “Me parece que esa es la mejor solución: más ingeniería y menos abogacía”.  

La debilidad técnica no solo es visible en los despachos, sino también en el terreno. Capra reveló que, al analizar los costos de operación de maquinarias viales complejas, la incidencia de la mano de obra en una tarea de perfilado liviano con motoniveladora no supera el 6 o 7 %. Esta cifra, que debería ser conocida por el personal a cargo, es a menudo ignorada, demostrando un déficit en el rendimiento del equipo. La falta de entrenamiento se suma a que las cuadrillas no están diseñadas para trabajar las ocho horas diarias completas. El experto fue claro: “Tengo que lograr que esa persona me trabaje ocho horas por día, pagarle lo que tenga que pagarle”, señalando que una máquina de 220.000 dólares necesita ser operada con eficiencia técnica para amortizar su enorme costo. 

El sector necesita anualmente entre 10.000 y 15.000 ingenieros, pero de las universidades apenas egresan la mitad. Esta falta de expertise técnico es un déficit sistémico que afecta la capacidad estatal de fiscalizar y planificar. La infraestructura invisible, la que no se inaugura con grandes actos, es la que más sufre las consecuencias de esta escasez de visión técnica. 

La dimensión estratégica y el costo del abandono 

Junto a estas dos visiones técnicas sobre el deterioro hídrico y vial, el sector institucional converge en un diagnóstico estratégico similar. El Ing. Lago advierte que el país está operando con “una infraestructura heredada, mal mantenida” y subraya la máxima de la ingeniería: evitar que ese capital se deteriore cada año es estratégico. 

El riesgo de esta desidia se traduce en cifras catastróficas. Según un estudio de la entidad que representa, el país pierde anualmente “U$S 25.000 millones”, o “U$S 70 millones por día”, debido al solo hecho del uso y el desgaste de los activos. El ingeniero es categórico al refutar la falacia de que “la falta o postergación del mantenimiento es gratis”. 

 “El costo de la recuperación tardía será varias veces superior a la suma de las erogaciones por mantenimiento omitidas”, sostiene Lago.

Esta omisión, que puede multiplicar el costo original por cinco, no solo afecta la economía, sino la calidad de vida de la comunidad, al aumentar los tiempos de traslado y deteriorar espacios de salud y esparcimiento. Para el consejero de FIIC, esta situación genera una “injusta carga intergeneracional“, donde una generación paga la obra y varias la disfrutan sin mantenerla. 

Por ello, la solución es sistémica: para que la infraestructura sea sostenible, debe ser “planificada, priorizada y financiada en base a estudios profesionales”. Lago concluye que es necesario que Argentina incorpore una política permanente de “recopilación y difusión de datos concretos sobre el nivel o estado de los servicios de infraestructura” para crear la conciencia pública necesaria sobre este capital de producción y bienestar. 

Un llamado a la voluntad estratégica para el desarrollo sostenible 

La obra pública, sea la ruta que saca la producción o la cañería que lleva salud, exige que el país deje de gestionar la infraestructura como una emergencia y pase a entenderla como una inversión esencial para el futuro. Para ello, resulta imperativo establecer planes de infraestructura que se sostengan por 50 años, siguiendo el modelo de países que lograron un desarrollo sostenido. Diversos trabajos realizados por el Área de Pensamiento Estratégico de CAMARCO aportan elementos clave para el análisis y la toma de decisiones en torno a esta cuestión y pueden encontrarse en https://www.camarco.org.ar/ape/. 

El mensaje de los especialistas es contundente: la competitividad y la salud están directamente atadas a la capacidad de establecer reglas de juego claras, recuperar el rol técnico y garantizar la seguridad jurídica que permita al capital privado invertir en un stock que hoy está operando a pérdida. 

La infraestructura invisible es la que sostiene al país y su deterioro no es solo un indicador de crisis, sino un acto de hipoteca contra las próximas generaciones. El desafío ahora es transformar el diagnóstico en acción, asegurando que las bases de la infraestructura sean el cimiento sólido sobre el cual las futuras décadas puedan construir un desarrollo sin los costos de la negligencia presente. La oportunidad de la planificación está clara: se requiere consenso político y voluntad estratégica para impulsar la transformación que el desarrollo argentino exige. 

Cintia Castro Sánchez

Licenciada en Periodismo por la Universidad Nacional de Avellaneda  (UNDAV).