A mediados del año pasado, un equipo de especialistas fue convocado por APE CAMARCO para responder unas simples preguntas: ¿cuánto vale toda la infraestructura energética construida en nuestro país?, ¿cuánto cuesta mantenerla?

Las preguntas -en principio sencillas- presentan una complejidad enorme al momento de responderlas. Cualquier persona que recorre las calles de Buenos Aires se encuentra con edificios o instalaciones actualmente usados por EDENOR o EDESUR pero con inscripciones de CHADE, CIADE o SEGBA, recuerdos de una historia larga y compleja del servicio público de electricidad. O bien, si nos trasladamos a la provincia de Neuquén, podemos observar que en una misma concesión de hidrocarburos conviven pozos petroleros perforados en la década del sesenta con toda la reciente infraestructura desarrollada para poder aprovechar el potencial de Vaca Muerta.

En vista de estas complejidades, surge una pregunta previa a los requerimientos del trabajo:

¿cuánta infraestructura energética hay en nuestro país?  

Para responderla, trabajamos en la recopilación y sistematización de toda la información pública que forma parte de los Datos Abiertos de la Secretaría de Energía¹. Eso resolvió parcialmente nuestras preguntas, pero existe una parte importante de la infraestructura que no está relevada en Datos Abiertos. Esa carencia está directamente relacionada con los procesos de privatización de los años noventa, donde el Estado nacional se desentiende de sus funciones básicas de planificación y descarga en provincias y entes reguladores el control de los servicios públicos.

En el sector de gas natural, el ENARGAS -ente regulador nacional- mantiene un registro básico de la infraestructura. Esto no sucede en parte del sector eléctrico, ya que las concesiones de distribución son provinciales y no existe un registro centralizado y actualizado de dicha infraestructura. En esta parte, el estudio se basó en unos registros voluntarios que ADEERA -Asociación de Distribuidores de Energía Eléctrica de la República Argentina- realiza todos los años.

Relevados los sectores más importantes de las cadenas petrolíferas, gasíferas y eléctricas, uno tiene más del 95 % de la energía consumida en un año en nuestro país y más del 99 % de la infraestructura relevada. Quedaron afuera aquellos sectores cuya infraestructura es muy precaria (carboneras, por ejemplo) o muy dispersa (generación distribuida). Estos últimos sectores, si bien son esenciales dentro de su nicho, a nivel general de nuestro país son relativamente muy marginales.

Para la valorización, se recurrió a información de la Secretaría de Energía y las revisiones tarifarias de entes reguladores (los activos de una empresa son esenciales para el establecimiento de la base tarifaria) y juicio de expertos. Inevitablemente surgen incertidumbres al momento de la valorización y buscamos diferenciar la valorización real de la infraestructura en contraposición a los valores contables que presentan las empresas en sus balances. Este último punto es esencial y dentro del mismo sistema energético las empresas son incongruentes, ya que realizan amortizaciones aceleradas para poder realizar desgravaciones impositivas, pero al momento de las revisiones tarifarias piden valorizar sus activos de diferente manera.

Otro punto relevante es la valorización de la infraestructura para la producción hidrocarburífera. Argentina cuenta con más de ochenta mil pozos perforados, muchos de ellos de más de 50 años de antigüedad y, si bien siguen en producción, son muy marginales; valorizar ese tipo de infraestructura llevaría a una sobreestimación de las inversiones necesarias.

Para eso tomamos el criterio de valorizar los pozos que aportan el 90 % de la producción, tanto de gas natural como petróleo de nuestro país. Esto implicó reducir a diez mil los pozos contabilizados. También nos centramos en pozos productivos, dejando de lado los reinyectores, sumideros, de exploración, etc.

Todos estos puntos, entre muchos otros, fueron considerados al momento de valorizar las inversiones, tanto como valor de reposición (a nuevo), actual (depreciada), de recuperación (el resto para poner a nuevo) y los valores de mantenimiento anual. Se puede observar un resumen en la siguiente tabla:

Lo primero que resalta es el valor de reposición, del orden de un PBI de nuestro país. Es lo que costaría reponer toda la infraestructura contabilizada, desde los pozos a los surtidores, desde El Chocón hasta las puertas de todos los hogares de nuestro país. El mantenimiento representa poco más del 2,5 % del valor de las inversiones a nuevo, pero casi un 8 % del valor actual. Si bien dentro de los esquemas tarifarios de los sectores regulados se contempla el mantenimiento de las redes para sostener la calidad de servicio, la misma es muy heterogénea de acuerdo con la ubicación geográfica. Como en toda infraestructura, los valores de mantenimiento tienden a subir a medida que la infraestructura se deprecia.

La energía es uno de los bienes fundamentales para la sociedad actual; nos atraviesa en todas las actividades, personales y productivas de nuestra vida cotidiana. También es un factor de riqueza y un motor de desarrollo de nuestro país. Eso se observa con las profundas transformaciones que se suceden a partir de la producción petrolera y gasífera de Vaca Muerta y las iniciativas para la descarbonización de la matriz energética.

Como todo país que todavía necesita crecer, Argentina necesita más infraestructura y de mejor calidad que la que posee actualmente, ya que ello es clave para la competitividad y seguridad del abastecimiento. Es necesario generar los mecanismos que permitan incorporar y al mismo tiempo mantener acotados los costos de sostener la infraestructura. Entender cuánto hay, qué falta y cuánto sale es clave para generar políticas energéticas sostenibles.

Es claro que este trabajo es solo un inicio para entender la infraestructura de toda el área energética en su completa magnitud, pero es un paso importante para comprender la importancia del sector y los costos de asegurar un sistema energético de calidad.

1-http://datos.energia.gob.ar/

Autor: Ing. Gustavo Barbarán.

Ingeniero Industrial de la Universidad Nacional de Salta, con posgrados en gas natural, energía nuclear, políticas públicas y planeamiento energético e integración regional. Especialista en energía de APE CAMARCO. Fue director nacional de Escenarios y Evaluación de Proyectos Energéticos de la Secretaría de Energía en el período 2021-2024.