Los cambios se dividen en dos ejes: en primer lugar, se impondrán mayores exigencias para las SGRs (en términos de volumen de garantías otorgadas a las PyMEs), como condición para la desgravación impositiva y la realización de aportes por parte de los inversores en el sistema.
También se simplificarán los trámites en lo que respecta al mecanismo para obtener un aval por parte de una PyME, como en lo que hace a la operatoria cotidiana de las SGRs.
Ambas modificaciones permitirán un crecimiento exponencial del mercado de garantías en el corto/mediano plazo. Según estimaciones del Ministerio de Producción, el número de PyMEs con avales vigentes pasaría de 14.500 en 2018 a 50.000 en 2023.
Por otro lado, las SGRs se comprometen a destinar una porción de su Fondo de Riesgo (recursos que garantizan los avales emitidos) a la compra de instrumentos de financiación PyME. Este porcentaje, que no superará el 15%, estará dirigido a Fondos comunes de inversión PyME, Cheques de pago diferido avalados por SGR, Pagarés bursátiles avalados por SGR, Obligaciones Negociables emitidas por PyMEs y Fideicomisos financieros PyMEs. De esta forma, las SGRs realizan una colaboración adicional para mejorar las condiciones de financiamiento de las PyMEs.
Los cambios se oficializaron a través del decreto 699/2018 publicado en el Boletín Oficial
