El especialista en derecho tributario Gustavo A. Gómez analiza, en una nota publicada por Ámbito Financiero, la aplicación del Impuesto de Sellos sobre contratos de obra pública firmados en la Ciudad de Buenos Aires. El autor cuestiona particularmente los criterios utilizados para gravar este tipo de instrumentos cuando las obras se realizan fuera del territorio porteño.
Según sostiene, la controversia se presenta en casos como los contratos celebrados entre AySA y sus contratistas, donde la firma de la documentación puede tener lugar en la Ciudad de Buenos Aires, mientras que la ejecución de las obras se desarrolla en otros puntos del país. El artículo examina el alcance de las disposiciones del Código Fiscal de la Ciudad y su relación con la Ley de Coparticipación Federal. Para Gómez, tomar exclusivamente el lugar de firma del contrato como criterio de imposición podría generar situaciones de doble tributación y conflictos con los principios de territorialidad previstos en la normativa vigente.
Asimismo, advierte que esta discusión podría extenderse a otros contratos vinculados con proyectos de infraestructura de gran escala y eventualmente derivar en nuevos pronunciamientos judiciales sobre el alcance territorial del tributo.
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