Carrizo, S.; Villalba, S.; Zavalía Lagos, R.; Gil, Salvador
Desde mediados del 2021, los precios del gas y el petróleo se han incrementado como consecuencia de la recuperación de la demanda de energía, tras la reactivación económica conseguida a partir de la vacunación masiva contra el COVID.
En 2022, la invasión rusa a Ucrania agravó la situación de la oferta energética y los precios de los combustibles. En este contexto de precios altos y volátiles, resulta importante un sistema de contención público para los hogares de bajos ingresos económicos, que sufren con mayor intensidad el incremento de los costos de la energía y los alimentos.
Argentina ha recurrido históricamente a subsidios masivos de energía, los que tienen gran impacto en las cuentas públicas. Su aplicación generalizada se ha vuelto injusta e insostenible, más aún cuando los recursos energéticos y económicos resultan escasos. Renovar la forma de aplicación de los subsidios y lograr que lleguen a quienes verdaderamente lo necesitan supone focalizarlos en los sectores de menores ingresos. Al mismo tiempo, para reducir gastos y paliar déficits, es clave hacer un uso racional y eficiente de la energía (UREE).
Hacer eficiencia energética consiste en obtener los servicios usando la menor cantidad posible de recursos. Al demandar menos energía, bajarían los costos en el conjunto de la economía, desde la producción hasta el consumo. Así se reducirían los subsidios a la energía y las importaciones de gas que afronta el Estado. Se podrían generar empleos locales en la mejora de las construcciones y obtener nuevas fuentes de ingresos. Los servicios energéticos resultarían más asequibles y podrían beneficiar a más personas. Usar eficientemente los recursos contribuye también a disminuir los niveles de emisiones de gases efecto invernadero.
La eficiencia energética resultaría entonces una fuente de energía económica, accesible y no contaminante que ayudaría a mitigar la pobreza y el calentamiento global.
