Desarrollo de infraestructura orientado a reducir desigualdades
En las ciudades se concentra la mayor cantidad de población, de inversiones, de conocimiento, de innovación. Son motores de la economía y de la producción, de mayor generación del producto bruto, de la creatividad, del desarrollo social, de provisión de bienes y de servicios. Sin embargo, las ciudades también son detonadoras de conflictos si no están debidamente gobernadas, si tienen un desarrollo social inequitativo, si son económicamente inviables, si son predadoras del ambiente. Las ciudades encierran problemas estructurales de difícil resolución que requieren de acciones sostenidas para reducir desigualdades.
Las villas y asentamientos resultan ser hoy las áreas de mayor crecimiento de nuestras ciudades. Existen en el país más de 4.400 villas y asentamientos informales en los que residen más de 4 millones de personas. Se trata de barrios vulnerables en los que viven al menos 8 familias agrupadas o contiguas, donde más de la mitad de su población no cuenta con título de propiedad del suelo ni acceso regular a dos o más de los servicios básicos (agua corriente, energía eléctrica con medidor domiciliario y/o red cloacal).
Su localización responde claramente a fuerzas del mercado informal del suelo. Áreas desvalorizadas o excluidas son propicias para la ocupación. En los últimos años, no sólo han crecido en extensión sino también en consolidación sin lógicas de planificación, con comercios, con servicios comunitarios, con escuelas, con actividades culturales y con espacios de deporte y recreación. Y además ha crecido en densificación, con viviendas que se elevan a más de cinco pisos, con improvisadas cualidades estructurales. Esto da cuenta de su intensa dinámica urbana.
La desarticulación de las villas con el resto de la ciudad es una clara expresión de segregación. Su creciente densidad reduce las posibilidades de regulación dominial y de reurbanización definitiva. Aunado a ello, vivir en la villa -e incluso en un barrio popular próximo- limita oportunidades laborales, condiciona el tejido de redes sociales fuera de la villa, restringe las posibilidades de moverse en la ciudad, y estrecha recorridos, itinerarios y acceso a bienes y servicios. Cerca de la décima parte de la población del país reside en condiciones con extrema precariedad e insalubridad. Y se prevé un incremento exponencial para la próxima década.
Cómo mejorar condiciones de barrios vulnerables
Desde esta perspectiva, es indispensable la elaboración de un programa de carácter nacional que tienda a mejorar las condiciones de vida de aquella población con necesidades básicas insatisfechas, en barrios vulnerables sin infraestructura y con problemas ambientales y de irregularidad dominial. Este tipo de programas, desarrollados según realidades específicas y locales de cada asentamiento, tendrán que promover la integración física y social a través de la provisión de la infraestructura urbana básica mediante instrumentos basados en la participación del conjunto de las organizaciones barriales con los distintos niveles de gobierno y con las empresas prestatarias de servicios.
Debe subrayarse que las políticas territoriales no terminan con la pobreza dado que el mayor problema es la desigualdad y por lo tanto la función del Estado es repartir las cargas y beneficios garantizando el bien común y la equidad de acceso de los habitantes a un hábitat digno. Será necesario apuntar entonces a la construcción y al mejoramiento del espacio público, con equipamiento comunitario, espacios de encuentro, recreación y cohesión social.
Tender a un modelo “inteligente” de ciudades
Para el año 2050 las ciudades concentraran al 70% de la población mundial. Y en Argentina, será el 92%. Esto pone de manifiesto la fuerte tendencia de la población a concentrarse en entornos urbanos. Las previsiones apuntan a que los espacios urbanos serán cada vez más densos y tendrán que afrontar crecientes problemas de gestión de recursos, provisión de servicios, movilidad urbana, sostenibilidad ambiental. Por ello se requiere construir nuevas herramientas que empoderen a los gobiernos locales y a los ciudadanos, para incrementar su capacidad de afrontar desafíos.
Para afrontar el crecimiento acelerado y asimétrico de nuestras ciudades, es necesario apuntar a herramientas básicas de tecnología de información y de comunicación, para administrar con eficiencia recursos humanos, materiales y financieros.
En este contexto emerge la “ciudad inteligente” como instrumento dirigido a mejorar la calidad de vida de los ciudadanos y a promover el desarrollo sostenible a través del uso intensivo de tecnologías de información y de comunicación. Representa un sistema de sistemas, es decir, un conjunto de sistemas dirigido a compartir conocimientos e información. Este tipo de ciudades ofrece un modelo diversificado de gestión y nunca opera de forma aislada. Son ciudades innovadoras que utilizan las TIC y otros medios para mejorar el ambiente, la organización urbana, la calidad de vida, la economía, seguridad y gobernanza.
Superada la pandemia, varios interrogantes asoman de cara a un nuevo paradigma que podríamos denominar “Urbanística post COVID”. En primer lugar, se requieren nuevos modos de encuentro en barrios y en plazas, nuevos criterios de aprovisionamiento y de recreación, con mayor recualificación del espacio público; con menos vehículos y más bicicletas; con más caminabilidad en calzadas compartidas; con más higiene y salubridad pública; con más terrazas, balcones y patios; con más plazas y más intensa vida de barrio; con esquinas más vitales, a modo de microespacios de proximidad.
En consecuencia, el objetivo de las ciudades es tender hacia la resiliencia, es decir, que adquieran capacidad para: resistir, anticiparse y adaptarse a cualquier cambio que afecte al ecosistema urbano. El desafío es resolver las necesidades sobre la gestión de recursos, de residuos y de uso de energías renovables para que la calidad de vida de los ciudadanos sea la máxima posible. El reto es llegar a un escenario equilibrado y sustentable con nuevas herramientas que empoderen a los gobiernos locales y a los ciudadanos, mejorando los espacios cotidianos de los ciudadanos y promoviendo un hábitat equitativo e inclusivo.
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